Por Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL.
El pueblo boliviano no quiere una guerra civil. Lo demostró una vez más
hace pocos días, cuando fue a las urnas masivamente y reiteró su apoyo
al programa de cambios que aprobó hace dos años y medio cuando eligió a
su presidente, Evo Morales. Entonces con el 53% de los votos, y ahora
con más del 67%, esto es, dos de cada tres bolivianos. El gobierno dijo
haber interpretado esos resultados, no solo su propia y abrumadora
victoria, sino la confirmación de cuatro de los prefectos opositores.
"Está claro que el pueblo quiere que dialoguemos", dijo el presidente.
Pero para que exista un diálogo se necesitan dos partes. Y la otra, la
oposición, ni siquiera llegó a intentarlo seriamente. Ya tenían elegido
otro camino. Repetían en lo fundamental, la actitud de la derecha
política chilena, en definitiva representante de similares intereses
económicos y de clase cuando la Unidad Popular y Salvador Allende
intentaron los cambios que la mayoría del pueblo había votado. Y el
siglo XX recoge otras experiencias similares, la Guatemala de Jacobo
Arbenz, o la de Juan Bosch en la Dominicana, que terminó invadida por
"marines". En este caso no han encontrado un general traidor, o no
confían en la posibilidad de un golpe militar a la vieja usanza. Pero
la herramienta es la misma: violencia y terror.
Paso a paso
La escalada ha sido gradual, pero constante. A partir de del
estrepitoso fracaso de su pretensión revocatoria del mandato de Evo
Morales, descartaron por completo cualquier vía democrática. El núcleo
de la conspiración en Santa Cruz, con dos cabezas visibles: Rubén
Costas, prefecto y Branco Marinkovic, presidente del comité cívico.
Ambos representantes de los intereses de terratenientes y grandes
empresarios. Revivieron la consigna de "autonomía", lícita y sentida
por muchos cruceños, y la utilizaron para terminar convirtiéndola en
los hechos en un intento segregacionista, que entre demagogias y
complicidades, lograron extender a otras prefecturas. El principal
reclamo es "recuperar" los fondos del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos. En realidad, la pretensión es que la parte de esos
fondos que ahora se destinan a la "Renta Dignidad" para los mayores y
al bono "Juancito Pinto" para todos los escolares, quede en las
prefecturas y sean ellos sus administradores. Estos opositores, son los
mismos que cuando apoyaron a los anteriores gobiernos neoliberales,
regalaron beneficios y ventajas para las transnacionales. Aquellos
gravámenes fueron casi triplicados por el gobierno de Evo Morales tras
la nacionalización, en beneficio del Estado boliviano. Gracias a ésa y
a otras medidas, ahora hay más dinero para repartir entre prefecturas,
municipios y universidades y para las urgencias sociales. Pero los
prefectos opositores quieren más. A costa de lo que sea. Una forma de
estrangular al estado boliviano y amputar económicamente la posibilidad
de políticas sociales y transformadoras.
Violencia y terror
Y para ello emplean todos los medios que disponen las prefecturas e
incluso "aportaciones privadas" de latifundistas y grandes empresas. La
Unión Juvenil Cruceñista, una agrupación ultraderechista impulsada y
sostenida económicamente desde estos sectores de poder, ha sido el
"modelo" paramilitar imitado en otros departamentos. En definitiva, una
mezcla de funcionarios de las prefecturas y jóvenes que hacen el papel
de sicarios en las acciones de vandalismo y agresión. Primero fueron
hechos aislados, pero tras la visita del embajador norteamericano
Philip Goldberg al prefecto Costas en Santa Cruz, y un viaje a Estados
Unidos de Branco Marinkovic, la ofensiva violenta se incrementó: fueron
atacados, saqueados e incendiados locales de oficinas y servicios
estatales. Destruidos mobiliarios y documentos públicos. Robados
ordenadores, teléfonos y otros elementos de valor. Se consumaron
agresiones contra los kollas, solo por el hecho de serlo. Vendedoras
callejeras fueron acorraladas, golpeadas y humilladas. La policía,
siguiendo instrucciones oficiales, no hizo uso de sus armas. En algunos
casos personal policial fue desarmado y también apaleado. Los prefectos
han dejado hacer, y esporádicamente han pedido calma, pero exigiendo a
los violentos que sigan "vigilantes y activos", lo que convierte el
llamado en una mera tregua para seguir el vandalismo.
Los saqueos en Santa Cruz afectaron a la empresa estatal ENTEL, la Caja
Nacional de Salud, el Servicio Departamental de Educación, la
Superintendencia Forestal y las oficinas de la Confederación Indígena
del Oriente Boliviano, entre otros edificios. También fueron atacados
barrios populares, donde es casi generalizado el apoyo al gobierno de
Evo Morales. Tal el caso del llamado Plan Tres Mil, donde un centenar
de unionistas armados con palos y algunos con armas de fuego hostigaron
a sus pobladores, quienes finalmente lograron rechazar los ataques.
Allí resultó herido grave de bala Jaime Quispe Quiroga, de 19 años y
poblador del barrio. En el Mercado campesino, otros grupos agredieron a
las mujeres Kollas que defendieron sus puestos y su mercadería,
mientras la policía se alejaba del lugar. Las mujeres denunciaron que
los palos y las piedras utilizadas por los agresores llegaron al lugar
en camiones de la Prefectura de Santa Cruz.
Pero también los escasos medios de prensa independientes o del servicio
estatal fueron atacados. En San Ignacio, elementos de la Unión Juvenil
Cruceñista que se movilizaban en vehículos de la prefectura y
particulares, algunos con distintivo nazi en sus puertas, ingresaron
con armas de fuego en la emisora Juan XXIII y el Canal 13 de TV
propiedad de la diócesis. Allí amenazaron de muerte a los periodistas y
técnicos y al propio obispo Monseñor Carlos Stteter, según informó
Teresa Prada, responsable de la emisora. En Montero, también Santa
Cruz, otros "jóvenes" y "cívicos" obligaron a suspender sus emisiones a
Radio Patria Nueva y al Canal 7 de la Televisión Boliviana. La
prefectura ejercida por Costas, se ha convertido en un organismo
totalitario que ha convertido a Santa Cruz en un territorio bajo el
control de estos grupos violentos. En las pintadas en las calles de
Santa Cruz, los agresores "cívicos" se autodefinen claramente; en
algunas de ellas se puede leer: "Hitler mató judíos porque no conocía a
los kollas". Todo este ejercicio de odio, racismo y violencia, se
origina en la maquinaria propagandística de la Prefectura y de la
mayoría de los medios de comunicación. Desde el momento mismo de la
victoria electoral de Evo Morales, comenzaron el intento de socavar la
legitimidad democrática de su gobierno, y a boicotearle en todos los
frentes. Todo ello acompañado por las frases despectivas o los
calificativos habituales de "indio de mierda" o "kolla analfabeto".
Sobre este "trabajo" de manipulación de la opinión pública escribía
recientemente una periodista cruceña, Betty Tejada: "¿Quién decidió
reiventarnos a los cruceños clonando todo lo que queríamos enterrar en
una Bolivia plagada de odios, mezquindades, vendettas entre patrones y
esclavos? quién decidió convertirnos en lo que nunca queríamos ser con
la simplista justificación de 'ellos nos obligan'?. Hay que negarse a
ser un clon de los odiadores y de los manipuladores. Hay que negarse a
aplaudir a la mujer torpe, agresiva, ofensiva, cínica e insensible con
la vida, con las familias que insulta, pisotea, humilla a través de
palabras y acciones dementes. Ese no es el ser cruceño. Nunca lo fue y
nunca debe serlo". Y continúa la directora del periódico "La Paraba":
"Nada, ni un solo paso es improvisado. Cada amenaza, cada ingenua
postura "de los cruceños no tenemos la culpa", de "somos malos por
culpa de ellos", o "es que el pueblo reacciona así"; cada personaje
oscuro que aparece del día a la noche como "analista", cada rematado
analfabeto político, es una pieza del melodrama armado para succionar
cualquier milímetro de materia gris que quede suelto".
La emboscada en El Porvenir
La prensa privada y la mayoría de las agencias, definieron los sucesos
ocurridos en la madrugada del jueves en Pando como "un enfrentamiento".
Algunos llegan a describir el episodio de una manera novelesca,
imputando incluso a los campesinos que se desplazaban en un camión para
participar de un plenario ampliado de sus organizaciones, haber sido
los que iniciaron la agresión. El diario "El Deber" de Santa Cruz, por
ejemplo, tituló "Baño de sangre" y seguidamente añade "la balacera
entre oficialistas y opositores causó un saldo de 8 muertos y 39
heridos". "El Mundo", en portada, a toda página y con fondo negro y
caracteres destacados: "Bolivia en las puertas de una guerra civil".
También en su crónica coincidía en mencionar lo sucedido como
"enfrentamiento". Nada más alejado de la verdad. Una campesina
sobreviviente de la masacre y otros testigos, coinciden en afirmar que
la carretera estaba bloqueada con camiones de la Prefectura de Pando en
la localidad de Tres Barracas, cerca de la población de El Porvenir.
Allí el camión con los campesinos que se dirigían a su plenario en
Cobija, tuvo que detenerse, momento en que fue ametrallado. "Hombres,
mujeres y niños corrieron para salvar sus vidas, pero fueron
inmediatamente acribillados, heridos o tomados por la fuerza para ser
torturados", relata la campesina. Otro testigo confirma que la
carretera estaba bloqueada, y tras los primeros disparos algunos
campesinos escaparon hacia el río Tahuamanu , pero hasta allí los
persiguieron y les dispararon cuando intentaban cruzar al otro lado".
Varios cuerpos baleados fueron arrastrados por las aguas. Existe
preocupación por la suerte corrida por el profesor Víctor Choque, de El
Chivé, miembro de la Cooperativa Integral de Campesinos de Pando, a
quien torturaron en el hospital, pero se cree que está con vida. La
delegada gubernamental en Pando afirma que, según testigos, el número
de campesinos muertos puede superar la veintena. Según informó la Red
ERBOL, el senador de Unidad Nacional (UN), Abraham Cuellar, sostuvo que
hay muchos más muertos y heridos en inmediaciones de El Porvenir,
Filadelfia y otras regiones del lugar. El parlamentario aseguró que
"hay más muertos en el monte, la selva y orillas de los ríos, porque
los emboscadores ingresaron hasta las poblaciones para seguir
persiguiendo a los campesinos". Agregó además que él mismo fue
amenazado de muerte, e indicó que los grupos cívicos y funcionarios de
la prefectura estarían recorriendo diferentes comunidades en búsqueda
de dirigentes y concejales que no están en la línea de los autonomistas
radicales para continuar la masacre.
Un feudo bajo control opositor
El departamento de Pando es gobernado por el prefecto opositor,
Leopoldo Fernández. Es uno de los que tiene la menor densidad
demográfica en Bolivia, pero se beneficia con el ingreso per cápita más
alto por recibir el 1% de las regalías petroleras, el 2% del (I.D.H.)
Impuesto Directo a los Hidrocarburos y otros porcentajes para sus
municipios. La administración pública departamental y municipal tienen
más dinero que nunca en su historia, pero hay indicios de que parte de
estos ingresos han sido malversados y se sospecha que también han sido
desviados a cuentas personales. Fernández ejerce como caudillo, apoyado
en la prebenda política, favores, la demagogia, y el miedo. En el
reciente referéndum revocatorio obtuvo a su favor aproximadamente el
50% de los votos, al igual que el presidente Evo Morales. Pero la
mayoría de su apoyo fue en la capital, mientras que Evo ganó
ampliamente en la zona rural. (Algo similar a lo que sucedió en Beni,
Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija). Se deduce que la "radicalidad" del
Prefecto y la utilización de la violencia, es la respuesta a las
organizaciones sociales que se han atrevido a desafiar este poder
tradicional y a sus estructuras de control. Un documento recibido por
SERPAL, indica que en Pando, "el miedo a perder los privilegios, está
siendo combatido con el racismo, la intolerancia, la mentira, la
violencia psicológica y ahora física. Ya el 2006 incendiaron el
domicilio de un Senador pandino, del partido derechista UN. Hace menos
de un mes, contrabandistas -se sospecha además ligados al narcotráfico-
desafiaron la autoridad de la Aduana, desarmaron y humillaron a
militares de la naval para consumar su delito... y el Prefecto, la
Fiscalía, menos el Comité Cívico, nada dijeron".
Y luego se preguntan: "¿por qué iban a respetar a las organizaciones
sociales? ¿A los campesinos o indígenas? ¿Qué valor pueden tener la
opinión de estas personas? Siguiendo su lógica, la vida de campesinos o
indígenas tampoco tiene valor y por eso los humillaron y mataron..."
El FOBADE, Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, recuerda
que los campesinos e indígenas de esa zona rural, llevan decenas de
años "en una situación de servidumbre en la extracción en muchos casos
ilegal de goma y castaña, bajo el yugo de barraqueros, autoridades
prefecturales y mafias brasileñas, peruanas y bolivianas. El tráfico de
droga, madera y lavado de dinero, van de la mano de la violencia con la
que se somete a los pueblos diezmados desde hace más de un siglo en la
explotación del caucho." El sistema de contratación es el enganche y el
trabajo a destajo, con una paga en especie a costos elevados. El
documento de la FOBADE expresa en sus párrafos finales: "El gobierno
boliviano ha decretado 24 horas de duelo nacional, pero los heridos
siguen en la selva o en el río, sin ambulancias o vehículos que los
auxilien. Ni la Cruz Roja, ni el Defensor del Pueblo, ni el párroco de
Pando se hicieron presentes en el lugar de los hechos; nadie se atreve
a prestar ayuda, los dirigentes están amenazados, aparecerán como
muertos de la mafia brasileña, si aparecen. Es hora de acciones
nacionales desde todas las organizaciones del Estado, gobierno y
sociedad. Legales, militares, policiales, de comunicación, denuncia
internacional, expresiones de solidaridad y movilizaciones: Las
responsables de la barbaridad deben ser juzgados y sancionados a nivel
nacional e internacional. Para los pueblos de Pando es imprescindible
terminar con este doloroso e infinito luto."
Por su parte, Pablo Cingolani, en un artículo titulado "Basta de
genocidio en la Amazonía Boliviana" nos recuerda que la masacre de
campesinos ocurrida en El Porvenir y lo que sigue sucediendo en el
departamento amazónico boliviano de Pando no es más que la continuidad
del genocidio que vienen sufriendo los pueblos de la selva sin que
nadie haga nada efectivo para detenerlo. Y relata luego que "como una
ironía del destino, ayer, las bandas de sicarios asesinaron, entre
otros, a Bernardino Racua. Bernardino era un dirigente campesino cuyo
único pecado era buscar paz y mejores días para los suyos. Lo que hace
aún más intolerable el crimen es que el bisabuelo de Bernandino fue don
Bruno Racua, héroe nacional, el flechero takana que desequilibró y
permitió la victoria boliviana en la Batalla de Bahía, aquel 11 de
octubre de 1902. Gracias a Bruno Racua, se aseguró la soberanía
nacional en el Río Acre y hoy existe el Departamento de Pando. Ayer, su
biznieto fue asesinado a balazos porque aquellos que se creen dueños
del mismo departamento al cual don Bruno con sus flechas contribuyó a
su forja. Esperemos que esa sangre no sea derramada en vano. La de
Bernardino y la de todas las víctimas de esta furia genocida que nos
hoy enluta. Urge actuar, es imperioso hacerlo, porque a la vez que la
cifra de muertos sigue creciendo, son decenas de compañeros dirigentes
campesinos los que están siendo amenazados y pueden correr la misma
suerte."
Pando bajo Estado de Sitio
Hace unas horas, se anunció la decisión gubernamental de declarar el
Estado de Sitio en el departamento de Pando, con el propósito de
restablecer el orden. Poco antes había trascendido que dirigentes
campesinos y del MAS habían decidido pasar a formas de clandestinidad,
para evitar ser víctimas de los grupos de choque y sicarios que
campaban a su antojo por las calles de Cobija y otras ciudades, a la
vista y tolerancia de la Prefectura local y de sus autoridades. Incluso
temía por su vida la delegada del gobierno en Pando.
Una de las primeras acciones tomadas por el gobierno en relación con la
medida, fue el envío de una fuerza militar a Cobija para recuperar el
aeropuerto Aníbal Arab, tomado y bloqueado por los grupos de choque de
la prefectura y opositores al gobierno. El despeje encontró resistencia
por parte de núcleos armados que abrieron fuego sobre los militares.
Según testimonios, estos grupos llegaron a disparar con ametralladoras
contra un avión Hércules que aterrizó en la pista de ese aeropuerto
llevando militares.
Los ocupantes asesinaron a un soldado
Finalmente, los ocupantes fueron desalojados. El choque armado dejó un
saldo de varios heridos. El diario "Jornada", afirma que un soldado del
Sexto Distrito Naval de Cobija fue asesinado por grupos de choque
vinculados a la Prefectura de Pando cuando el militar participaba de la
retoma del aeropuerto. Otra fuente, "La Razón" del grupo español Prisa,
identifica a la víctima como Ramiro Tiñiñi Alvarado, de 18 años, que
según Defensa, pertenecía al Batallón de Ingeniería 7, columna
Porvenir. Un médico informó que el joven militar llegó muerto al
hospital con una herida de bala en la espalda. Fuentes militares
indicaron que había gente con ametralladoras y armas de guerra en la
zona, y señalaron la presencia de sicarios brasileños. Tras la retoma
del aeropuerto, comenzó con maquinarias el despeje de piedras y ramas
de las pistas.
Nuevo intento de diálogo
Ante la gravedad de los acontecimientos sucedidos esta semana en Santa
Cruz, en Tarija y la masacre del jueves en Pando, el gobierno convocó
un nuevo intento de diálogo "sin condiciones ni imposiciones". Los
prefectos delegaron ese contacto para sentar las bases y la agenda de
un diálogo en su homólogo de Tarija, Mario Cossío. A su llegada a La
Paz, la policía debió despejar la Plaza Murillo de manifestantes
partidarios de Evo que se expresaban contra Cossío y los demás
prefectos opositores.
La reunión se prolongó durante la madrugada del sábado y al parecer,
hay coincidencias como para seguir hablando en las próximas horas. El
prefecto Cossío informará de lo conversado a sus iguales de Beni, Santa
Cruz y Pando. "Hemos cumplido con el objetivo de apertura y ojalá en
las próximas horas se convierta en un proceso de diálogo sostenido, que
concluya en un acuerdo para resolver los problemas en el marco de una
reconciliación nacional", agregó el prefecto. Por su parte el
viceministro de Descentralización Fabián Yacsik en nombre del gobierno,
afirmó que en el encuentro se fijaron bases para iniciar el diálogo.
"Hubo coincidencias y esperamos restablecer la tranquilidad en el
país", añadió.
Respaldo latinoamericano
Los sucesos de Bolivia conmocionan y preocupan a los vecinos
latinoamericanos. Diversos gobiernos, entre ellos los de Venezuela,
Argentina, Chile, Nicaragua, Ecuador, Brasil y Paraguay se pronunciaron
en apoyo a la vigencia de la democracia y la constitucionalidad en
Bolivia, respaldando a Evo Morales y rechazando la violencia ejercida
en departamentos del interior. Incluso el presidente de Colombia,
Álvaro Uribe, incondicional aliado del gobierno norteamericano en el
continente y alejado políticamente de los países de su entorno, fijó
una posición similar de apoyo al gobierno boliviano. El presidente de
Honduras, Manuel Zelaya, decidió suspender la prevista acreditación en
Tegucigalpa del nuevo embajador de los Estados Unidos, Hugo Llorens.
Zelaya explicó su decisión como una acción solidaria con Bolivia y su
gobierno constitucional.
En el caso de Venezuela, el presidente Hugo Chávez lo hizo de forma
categórica, incluyendo la expulsión del embajador norteamericano en
Caracas, como expresión de solidaridad con Bolivia. Horas antes el
presidente Evo Morales había anunciado que daba un plazo de 72 horas
para que abandonara el país Philip Goldberg, el embajador de los
Estados Unidos en La Paz, un "experto" en "balcanización" de países que
estuvo destacado en Bosnia y en Kosovo. La expulsión quizás fue tardía,
pues el diplomático norteamericano había sido advertido ya en seis
oportunidades por sus evidentes ingerencias. También anunció Chávez su
decisión de actuar incluso militarmente en Bolivia en el caso de que se
intentara derrocar a Evo Morales por la fuerza. Una advertencia que en
la práctica perjudica más que ayuda al presidente boliviano. Entre
otras cosas porque el comandante de las Fuerzas Armadas, Gral. Luis
Trigo se vio obligado a las pocas horas a salir al cruce de esa
afirmación, y dirigiéndose al presidente Chávez y a al comunidad
internacional advirtió que las FFAA de Bolivia rechazan intromisiones
vengan de donde vengan y que "no permitirán que ningún militar o fuerza
extranjera pise el territorio nacional". Añadió que "rechazaban la
intromisión en asuntos que son de exclusiva competencia nacional". Pero
el comandante, vistiendo uniforme de campaña y con la presencia a su
lado de las fuerzas Naval y Aérea, también lanzó un claro mensaje para
los violentos: "advertimos -dijo- que no vamos a tolerar más el
accionar de grupos radicales violentos que sólo están buscando el
enfrentamiento a los bolivianos provocando dolor y luto". Añadió que
"las tareas de las FFAA están enmarcadas en el artículo 208 de la
Constitución Política del Estado y en cumplimiento a ello vamos a
garantizar el patrimonio de la Nación, el funcionamiento del aparato
estatal y de los servicios públicos, así como la conservación de los
recursos estratégicos".
Reunión en Santiago de Chile
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, confirmó el anuncio
formulado por el presidente de Venezuela sobre la convocatoria de una
reunión urgente de los países del UNASUR, bloque conformado por
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay,
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Bachelet, que ocupa actualmente el
cargo rotatorio de presidenta de la Unión de Naciones Sudamericanas,
dijo que estaba convocando a los presidentes para una reunión de
emergencia a celebrarse el próximo lunes en Santiago para analizar la
situación de Bolivia y a buscar garantías para el proceso democrático,
la estabilidad y la paz en ese país.
Una de las claves
Como sucede con muchas de las confrontaciones políticas en América
Latina, la disputa por la tierra es el trasfondo de la revuelta
separatista con epicentro en Santa Cruz.
Los pueblos indígenas y campesinos procuran recuperar las tierras que
pertenecieron a sus ancestros, y de las cuales fueron despojados
durante la Conquista. Esas tierras, vitales para su desarrollo, se
repartieron luego de forma arbitraria entre los distintos grupos de
poder. Ahora, estos territorios convertidos en muchos casos en
latifundios son lo que defiende la burguesía terrateniente de Santa
Cruz. Apuntemos algunos datos: según el INRA, el Instituto Nacional de
la Reforma Agraria, a partir de 1952, cuando la revolución
nacionalista, se repartieron casi 36 millones de hectáreas. El 38% de
los beneficiarios, recibieron el 6,3% de la tierra distribuida. El 15,3
por ciento de los beneficiarios recibieron el 20,5% de la superficie.
Otro 22% consolidó derechos colectivos sobre el 17,4% de la superficie.
Pero en el poco equitativo reparto, 11.140 grandes empresarios
agropecuarios, que representan sólo el 7,7% de los beneficiarios, se
apropiaron de casi 19 millones de hectáreas, o sea del 52,6% de la
tierra cruceña distribuida en los últimos 50 años.
Se estima además, que sólo 246 empresarios poseen haciendas de entre 10
mil y 20 mil hectáreas. Apenas 20 terratenientes tienen cada uno entre
20 mil y 50 mil hectáreas. Los cuatro más ricos entre los ricos son
dueños de latifundios de más de 50 mil hectáreas. En muchas de estas
grandes fincas trabajan familias indígenas en condiciones de
servidumbre. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la
Organización Internacional del Trabajo han constatado que en muchas de
estas propiedades, los empleados no tienen derechos laborales
elementales, y trabajan en condiciones equiparables a las de
esclavitud, dándose el caso de que los hijos heredan la "deuda laboral"
contraída por sus padres, perpetuando la explotación. La Constitución
Política del Estado aprobada por la Constituyente en Sucre y que el
gobierno quiere llevar a referéndum para su aprobación definitiva,
contiene artículos que se refieren a estas condiciones sociales. Y
también quiere proponer que se vote la máxima extensión territorial que
puede tener una propiedad privada.
Lo que vendrá
La situación en Bolivia llega a un punto sin retorno. La oposición
parece haber descartado los procedimientos democráticos. Prueba de ello
es que se opone a la realización de un referéndum sobre la nueva
Constitución, sea la convocatoria por decreto presidencial o por
decisión del Parlamento. Tras su estrepitoso fracaso con el
revocatorio, que se transformó en una victoria espectacular de Evo
Morales y García Linera, no quieren oír hablar de consultas
democráticas. Pero también es cierto que su importante poder
territorial, estructural y económico, no es suficiente para vencer a un
gobierno que cuenta con el respaldo de dos de cada tres bolivianos. Y
que ese apoyo tiene raíces en las organizaciones populares que ya
tuvieron coraje suficiente para aguantar represiones violentas y
voltear gobiernos neoliberales que entregaron recursos y patrimonio. Se
respalda en movimientos indígenas que recuperan dignidad y derechos y
no están dispuestos a retroceder. Y que además, en la medida que pasan
las horas, va consiguiendo un amplio respaldo internacional.
La calma y la paciencia del gobierno ante la violencia y las
ilegalidades ha sido criticada desde las propias filas del MAS y de los
movimientos sociales. Ha sido riesgosa y ha significado que los grupos
de vándalos y los núcleos fascistas ganaran espacio e impunidad. Se han
perdido vidas y se han destruido bienes que son de todos los
bolivianos. Pero en este delicado proceso, los presuntos "autonomistas"
han quedado en evidencia para todos aquellos que quieran verlo. Sus
argumentos se reducen a proclamas y acciones racistas, excluyentes y
que solo velan por sus propios intereses. Su verdadera bandera es el
egoísmo y la ambición de poder. Su objetivo frenar cualquier tipo de
cambio que intente equilibrar desigualdades y corregir viejas
injusticias sociales.
El futuro del pueblo boliviano, y seguramente de otros países de
América Latina, en especial aquellos de la región andina con importante
población indígena y campesina, se definirá según la evolución del
proceso en las próximas horas, o en los días que vienen. Confiemos en
que el egoísmo y la insensatez de quienes sólo han sabido hacer una
oposición sistemática, y ahora emplear la violencia, no siga un camino
que llevaría a una inevitable confrontación social, abierta e
imprevisible.
El futuro de Bolivia está en manos de su pueblo. Pero no nos sintamos
ajenos o distantes. También se juega el futuro del resto de los
latinoamericanos que queremos construir un continente mejor, más justo,
equitativo y soberano. Seamos activos y solidarios acompañando la lucha
y la esperanza de ese pueblo hermano.
Carlos Iaquinandi Castro
Redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa.
13 de setiembre de 2008
Enviado por SERPAL
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