Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile - FECH

Por escaner-cultural - 4 de Abril, 2008, 1:24, Categoría: General

Declaración Pública acerca de la píldora del día después y el fallo del Tribunal Constitucional

Imagen de Equipo Comunicaciones
 

Hace ya varios meses, parlamentarios de la UDI han interpuesto en el Tribunal Constitucional un requerimiento por inconstitucionalidad a las normas de regulación de la fertilidad, requerimiento que va en contra de la distribución en los Servicios de Salud Públicos de la píldora del día después, de todos los anticonceptivos que contengan levonorgestrel, y de la masiva T de cobre. El argumento que esgrimen para ello es el "derecho a la vida", garantizado constitucionalmente, pues desde su punto de vista y en contra de todo lo que han demostrado una serie de investigaciones científicas, los métodos antes mencionados serían abortivos.

Esta medida afectaría a casi tres millones y medio de mujeres, es decir, a un tercio de todas las mujeres en edad fértil, pues, del 100% de las mujeres de estratos populares que se atiende en el sistema público de salud y que utilizan métodos anticonceptivos, aproximadamente el 50% utiliza dispositivos intrauterinos, y del otro 50% prácticamente todas usan píldoras que contienen levonorgestrel (pues son las que se entregan en el sector público por su bajo costo).

Como jóvenes, queremos manifestarnos profundamente en contra de esta posición, por las terribles implicancias que la realización de estas medidas tendría en muchos ámbitos de la vida de toda la ciudadanía. (sigue)

Desde el punto de vista de la Salud Pública, y basándonos en la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la CEPAL y los Drs. Giorgio Solimano y Ramiro Molina en un estudio realizado para el mismo Tribunal Constitucional, los impactos que tendría esta medida son a lo menos nefastos, pues si bien la natalidad aumentaría entre 5 y 7 puntos, los abortos clandestinos aumentarán entre 15 a 17 puntos.

En promedio se producirían más de 280.000 abortos anuales, de los cuales se estima que un 20% de ellos tendrían algún tipo de complicación, con un aumento en más del 50% de hospitalizaciones. Esto produciría, además del impacto humano, un total COLAPSO del sistema de salud chileno (cabe señalar que las complicaciones de abortos serán mayores a las que existían en 1964). Se estima además, que el número de muertes de mujeres por aborto aumentaría hasta 5 veces, junto con el probable incremento que tendría la morbimortalidad por el ya mencionado colapso del sistema de salud en el área de maternidad.

El impacto en la población adolescente sería aún más dramático, ya que a la ausencia de educación sexual en los colegios, se sumaría la negación del acceso a métodos anticonceptivos seguros y más accesibles desde el punto de vista económico. Por lo demás, llama la atención que los mismos sectores que abogaron por la responsabilidad penal desde los 14 años, ahora consideren que los y las jóvenes de esa edad, que estarían aptos para responder ante la ley, no los estén para decidir sobre su sexualidad y su reproducción.

En suma, si miramos el conflicto desde la perspectiva de las libertades civiles, es posible apreciar una controversia que escapa de ésta situación puntual. Esto tiene que ver con cómo nos organizamos políticamente, qué tan democráticamente tomamos las decisiones, cómo reglamos nuestra vida en sociedad y cuánta garantía de participación ciudadana representan nuestras instituciones. La verdad es que la respuesta de aquella democracia que busca el gobierno de las mayorías es inequívoca: las decisiones políticas que, por esencia, son juicios morales, sólo pueden ser tomadas por organismos con una legitimidad democrática, es decir, representativas de la ciudadanía.

Contrapuesto a lo anterior, en los próximos días en Chile, una institución que se integra por miembros que no ostentan una representación democrática directa, decidirán sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y sobre el derecho a la planificación familiar de todos los chilenos y chilenas. ¿DE TODOS?, no. La verdad es que ésta decisión afectará sólo a la red de centros de asistencia pública, perturbando directamente a la población más vulnerable. Si además de todo lo inicialmente expuesto, nos fijamos en los impactos sociales que tal medida podría acarrear, nos encontramos con que nuevamente se estará afectando a la población más pobre de nuestro país, que depende del sector público tanto para la atención del embarazo y parto, como para la regulación de su reproducción. Desde esta perspectiva, las personas de mayores recursos podrían adquirir anticonceptivos más caros que no contengan levonorgestrel, o comprarlos en el extranjero y en el eventual mercado negro que se produciría.

Por todo lo anterior, consideramos que el recurso impuesto por algunos parlamentarios de derecha, junto con ser sumamente irresponsable en las consecuencias que podría traer, lo que hace es tratar de imponer una moral particular a toda la ciudadanía. En este sentido, creemos que nunca lograremos alcanzar una democracia real en Chile, mientras ciertos sectores sigan intentando aplicar su propio sentido moral a toda la población, ya sea en las políticas públicas como en las decisiones del gobierno, del poder legislativo y de la justicia.

Por esto hacemos un llamado a la ciudadanía entera a informarse, a plegarse y a manifestarse, pues esta resolución es algo que nos afecta a todos y todas: a mujeres, a hombres, a las parejas y a las familias. Debemos defender el derecho a que existan formas diversas y seguras de regular nuestra fertilidad, y que estén al alcance de quién quiera y considere correcto usarlas.

Emplazamos además a la Presidenta y a su Ministra de Salud a que se pronuncien, a que pongan este tema en la agenda y en la opinión pública. Ya basta que se tomen decisiones de esta envergadura entre cuatro paredes y a espaldas de la cuidadanía.

Atentamente,
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile - FECH

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